Las cámaras del anillo interior de Oviedo ya tienen nombre y apellidos de infractores. La Zona de Bajas Emisiones de la capital asturiana ha abierto 2.890 expedientes sancionadores desde que el Ayuntamiento activó el régimen de multas tras un período de adaptación sin penalización para los conductores.
El sistema de control de accesos instalado en el perímetro restringido registró un total de 37.850 entradas potencialmente irregulares entre los meses de marzo y junio. Sin embargo, no todas desembocaron en denuncia. Tras la revisión manual de cada captación, 22.167 fueron invalidadas por el negociado de Sanciones de la Policía Local, y otras 1.796 permanecen aún en fase de comprobación.
La ordenanza, en vigor desde el 1 de enero, prohíbe el acceso al anillo interior de la ciudad a los vehículos más contaminantes, con un catálogo de excepciones que incluye residentes y determinados autónomos, entre otros colectivos.
Los datos mensuales revelan una evolución desigual. En marzo se abrieron 2.423 denuncias, mientras que en abril la cifra cayó hasta las 467, una diferencia que el propio informe de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por el concejal popular José Ramón Prado, no explica con claridad.
En paralelo, el servicio acumula todavía 8.707 accesos que no han podido ser descartados y que deberán ser procesados por la maquinaria administrativa en los próximos meses.
En cuanto al impacto económico, el Ayuntamiento reconoce que es imposible calcular el importe total recaudado. Las infracciones están tipificadas como graves, con una sanción de 200 euros que se reduce a la mitad si el infractor opta por el pago voluntario anticipado. No obstante, al tratarse de sanciones con carácter dinámico, el cálculo final resulta incierto.
Lo que sí queda claro es que Oviedo se encuentra en plena digestión de un cambio estructural en su modelo de movilidad. El Consistorio apostó por un arranque progresivo y con margen de aviso, pero los números demuestran que una parte de los conductores sigue circulando por zonas vetadas a sus vehículos, ya sea por desconocimiento, necesidad o simple resistencia al cambio.
La ZBE ovetense sigue siendo objeto de controversia. La asociación que interpuso recurso contra la normativa en la capital asturiana ha extendido su batalla legal a otras ciudades españolas con regulaciones similares, lo que sitúa a Oviedo en el centro de un debate que trasciende sus fronteras municipales.