La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha cargado duramente contra el Gobierno central por los fondos destinados a la acogida de menores extranjeros no acompañados, calificándolos de «absolutamente insuficientes» y denunciando que detrás del reparto se esconden «intereses políticos».
Dávila realizó estas declaraciones el pasado jueves antes de acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde el Ejecutivo y las comunidades autónomas debatieron la distribución de 35 millones de euros. La mayor parte de ese dinero quedará reservada para Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla, territorios que el Gobierno considera sometidos a una mayor presión migratoria.
Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid consideran que esa cifra no se acerca ni de lejos a lo necesario. La consejera habló de un recorte de 100 millones de euros respecto a lo que se venía destinando anteriormente y criticó que el reparto se haga con los mismos criterios de siempre, sin tener en cuenta el impacto real en el resto de regiones.
Dávila también señaló que el Gobierno excluye deliberadamente a comunidades como el País Vasco o Cataluña del reparto, algo que achacó a intereses políticos más que a criterios técnicos o humanitarios.
Uno de los aspectos que más dureza generó en las palabras de la consejera fue la situación de los menores que son trasladados en contra de su voluntad. Según denunció, hay jóvenes que ya habían construido una vida en sus comunidades de acogida, con trabajo y vínculos familiares, y que son reubicados de forma forzosa justo cuando cumplen la mayoría de edad o pocos días antes de alcanzarla.
«El Gobierno sigue dando pasos para avanzar en una política migratoria absolutamente temeraria y deshumanizada», afirmó Dávila, quien también criticó la falta de coordinación entre administraciones y el hecho de que los traslados se realicen sin los recursos necesarios para garantizar una acogida digna.
El debate sobre la distribución de menores no acompañados sigue siendo uno de los puntos de mayor tensión entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, y las palabras de la consejera madrileña no hacen sino confirmar que el conflicto está lejos de resolverse.