La situación hídrica en Menorca ha llegado a un punto de alarma que ya no admite demoras. Las reservas de agua de la isla se encuentran en estado crítico y las administraciones locales han comenzado a tomar decisiones que, aunque impopulares, se presentan como inevitables.
En una reunión de la Comisión de Seguimiento sobre el Ciclo Integral del Agua convocada por el Consell, los alcaldes de la isla acordaron reducir la presión en las redes de suministro para frenar la caída de las reservas. También se ha decidido interrumpir el riego de parques y jardines, una medida que refleja la gravedad de la emergencia, según explicó el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca.
El conseller responsable del área, Juan Manuel Lafuente, ha puesto sobre la mesa las carencias en infraestructuras que arrastra Menorca desde hace años. Entre las soluciones que defiende destacan el impulso a la desaladora para la zona de Levante y la necesidad de reducir las extracciones de los acuíferos para permitir su recuperación progresiva.
El Ayuntamiento de Maó ha tomado la iniciativa con medidas concretas. Además de apostar por la desalación como alternativa sostenible, ha endurecido las restricciones hasta prohibir el lavado de vehículos con agua de la red, una decisión que ha generado debate pero que las autoridades defienden como necesaria ante la crisis.
No todas las administraciones reciben el mismo juicio. El GOB ha señalado directamente al Ayuntamiento de Ciutadella por el incumplimiento del Plan de Gestión del Agua aprobado en 2025 y por haber autorizado nuevas piscinas en plena emergencia hídrica, una contradicción que la organización ecologista no ha dejado pasar.
Los expertos consultados coinciden en que el problema no es solo coyuntural. La sobreexplotación de los acuíferos, el aumento del consumo en temporada turística y la falta de inversión en infraestructuras forman una combinación explosiva que exige respuestas estructurales, no solo parches estacionales.
La responsabilidad, en todo caso, es compartida. Los ciudadanos tienen el deber de adoptar hábitos de consumo responsable, pero corresponde a las instituciones liderar con el ejemplo y ejecutar las inversiones que la isla lleva años necesitando.
Menorca no puede seguir aplazando lo que ya es urgente.