Menorca acumula ya más de 10.600 piscinas en toda la isla, una por cada 9,6 residentes. El dato, recién actualizado por la Dirección General del Catastro, sitúa al archipiélago menor como el territorio con mayor densidad de este tipo de instalaciones de todo el país, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en una piscina por cada 36 habitantes.
El contraste resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que Menorca es una isla rodeada de mar, con centenares de calas y zonas de baño a menos de veinte minutos de cualquier punto interior, y que atraviesa una creciente crisis de abastecimiento de agua.
En el último año se han registrado 101 nuevas instalaciones, lo que supone una media de casi dos por semana. Aunque la cifra es muy inferior a la del año anterior, cuando se incorporaron 336 piscinas al censo, el ritmo no se detiene y el total acumulado sigue creciendo.
La comparación con otras islas del archipiélago deja en evidencia la singularidad del modelo constructivo menorquín. Ibiza, con unos 60.000 habitantes más y el doble de turistas, presenta una ratio de una piscina por cada 13,6 personas. La media balear se queda en una por cada 17.
El frenazo más notable se ha producido en Maó, donde el ayuntamiento aplicó en febrero una moratoria en la concesión de licencias mientras elabora una nueva ordenanza de ahorro de agua. El resultado es claro: solo seis piscinas nuevas en los últimos doce meses, frente a las 51 del año anterior. Algo similar ha ocurrido en Ciutadella, que ha pasado de 178 nuevas instalaciones a apenas 17, aunque sin medidas oficiales de por medio.
El municipio que más ha crecido es Es Mercadal, con 41 piscinas nuevas en un año y una ratio de una instalación por cada 5,35 habitantes, la más elevada de toda la isla. Sant Lluís aparece también como otro de los focos de mayor actividad.
El modelo del chalé con jardín y piscina privada sigue siendo la norma en gran parte del territorio, y los expertos advierten de que su impacto sobre los acuíferos es significativo. La mayoría de los municipios aún no cuenta con normativas específicas que regulen o limiten el uso del agua en estas instalaciones.
La pregunta que sobrevuela el debate es si Menorca puede seguir construyendo al mismo ritmo en un contexto de escasez hídrica que no hace más que agravarse.
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