El Servicio de Ayuda a Domicilio de Torrelavega atiende actualmente a 550 personas en sus hogares, 38 más que al cierre de 2025, cuando el número de beneficiarios era de 512. El Ayuntamiento asegura que no existe lista de espera y que las solicitudes se tramitan en cuanto los usuarios entregan la documentación necesaria.
El concejal de Bienestar Social, Alberto Rubio, ha querido dejar claro que «nunca ha habido una lista de espera propiamente dicha». Según explica el Consistorio, el tiempo que transcurre entre la solicitud y la activación del servicio corresponde al proceso administrativo: reunir documentación, estudiar el caso y completar la tramitación, pero no implica que las altas estén bloqueadas.
Los datos del último año muestran una tendencia estable. Durante el primer semestre de 2025 el servicio rondó los 500 usuarios, con un descenso notable en agosto, para recuperarse en otoño y cerrar el año en 512 beneficiarios. Desde entonces, la cifra ha crecido hasta los 550 actuales.
Sin embargo, el servicio no ha estado exento de polémica. En julio pasado, el sindicato CSIF denunció que las nuevas incorporaciones estaban paralizadas y advirtió de que la reducción de horas de atención podía poner en riesgo unos veinte puestos de trabajo. La Concejalía rechaza esa versión y apunta al aumento de usuarios como prueba de que el servicio funciona con normalidad.
Más pendiente de resolución sigue el conflicto abierto por las auxiliares del servicio. Las trabajadoras se concentraron hace meses ante Servicios Sociales para denunciar que la empresa Sanivida descontaba de cada visita los minutos empleados en trasladarse al siguiente domicilio. El resultado, según explicaron, es que una hora reconocida al usuario se convertía habitualmente en apenas 50 minutos de atención real.
Las auxiliares, muchas de ellas con contratos de entre 20 y 30 horas semanales, señalan además salarios bajos, jornadas fragmentadas y un desgaste físico considerable. El Ayuntamiento ha anunciado que revisará cómo contabiliza la empresa los desplazamientos y ha advertido de posibles sanciones si se detectan irregularidades. También ha reconocido fallos puntuales en el programa informático que controla las visitas.
El crecimiento en el número de beneficiarios despeja las dudas sobre el acceso al servicio. La pregunta que queda sin respuesta es si cada usuario recibe realmente los minutos de atención que tiene reconocidos. Esa sigue siendo la exigencia central de las trabajadoras.
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