El Grup per a la Restauració Ambiental de Menorca (GRAM) ha dado un paso formal para poner bajo la lupa las autorizaciones que permitieron la instalación de los grandes parques fotovoltaicos en la isla. La entidad ha presentado solicitudes de información ambiental ante el Govern balear y el Consell Insular con el objetivo de analizar en profundidad las declaraciones de interés general e interés estratégico que facilitaron la tramitación de estos proyectos.
Según explica la asociación, dichas declaraciones administrativas sirvieron para agilizar los procesos de autorización que permitieron a promotoras privadas ocupar suelo rústico menorquín con instalaciones de gran envergadura.
Los parques que centran la atención del GRAM son cuatro. El de Son Salomó, en Ciutadella, que lleva funcionando desde 2023. El Agrisolar, que ha entrado en operación este mismo año. El Menorca Renovables II, que ultima su puesta en marcha en el término de Maó. Y otro proyecto homónimo, también denominado Menorca Renovables II, que se encuentra actualmente en construcción en Es Mercadal.
El presidente de la entidad, Miguel Martín, ha sido claro al explicar las razones que han llevado a la asociación a registrar estas peticiones. «Queremos comprobar si la prioridad otorgada a estos proyectos responde realmente al interés público. La ciudadanía tiene todo el derecho a conocer los informes técnicos y la motivación real detrás de esta ocupación del campo menorquín», ha afirmado.
La iniciativa pone el foco en un debate que no es exclusivo de Menorca, pero que en la isla adquiere una dimensión especial dada su condición de Reserva de la Biosfera. La expansión de la energía solar en terrenos rurales genera posiciones encontradas: por un lado, la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más sostenible; por otro, la preocupación por el impacto paisajístico y medioambiental sobre un territorio con protección internacional.
El GRAM no cuestiona de forma directa las energías renovables, sino los procedimientos que se usaron para dar luz verde a estos proyectos a gran escala. La asociación quiere revisar si los informes técnicos que respaldaron aquellas decisiones son sólidos y si el interés colectivo pesó realmente más que los intereses privados en cada caso.
La respuesta que obtengan del Govern y del Consell marcará los siguientes pasos de una organización que lleva años vigilando de cerca la huella humana sobre el paisaje menorquín.
