Una vivienda, una piscina y un almacén construidos sin ningún tipo de licencia han sido demolidos en una finca rústica de Mallorca, en una actuación que refleja el endurecimiento del control urbanístico sobre las construcciones irregulares en suelo no urbanizable de la isla.
La propiedad afectada asumió directamente la ejecución del derribo, lo que evitó que tuviera que ser la administración quien llevara a cabo los trabajos de demolición de forma subsidiaria, una fórmula habitual cuando los propietarios se niegan a cumplir las órdenes de restauración de la legalidad urbanística.
Las tres construcciones carecían de cualquier autorización administrativa, lo que las convertía en infracciones urbanísticas graves según la normativa vigente en las Illes Balears, especialmente en lo que respecta a la edificación en suelo rústico protegido.
Este tipo de actuaciones son cada vez más frecuentes en Mallorca, donde las autoridades han intensificado la vigilancia sobre las fincas rurales, un entorno especialmente sensible y sometido a una regulación estricta con el objetivo de preservar el paisaje y frenar la expansión de la urbanización en zonas que deben mantenerse libres de edificación.
La normativa balear establece serias limitaciones a la hora de construir en suelo rústico. Levantar una vivienda, una piscina o cualquier otra instalación sin contar con la preceptiva licencia municipal supone una infracción que puede derivar en expediente sancionador, multas y, en última instancia, la obligación de restituir el terreno a su estado original.
En este caso, la propietaria de la finca optó por asumir el coste y la gestión del derribo, lo que en ocasiones puede traducirse en una reducción de las sanciones económicas asociadas al expediente, aunque no exime del cumplimiento de la orden de demolición.
El caso vuelve a poner de manifiesto la presión que existe sobre el suelo rústico de la isla, donde no son pocos los propietarios que, confiando en la prescripción de las infracciones o en la falta de inspección, levantan edificaciones sin pasar por los cauces legales.
Las autoridades competentes recuerdan que las construcciones ilegales en suelo no urbanizable no prescriben de la misma manera que en suelo urbano, y que tarde o temprano la administración puede exigir la demolición sin importar el tiempo transcurrido desde que fueron levantadas.
