El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha cerrado el círculo de investigados en el caso del udaleku de Bernedo. Quince monitores y trabajadores del polémico campamento de verano han sido citados a declarar en calidad de investigados a mediados de septiembre, todos en el mismo día y en el Palacio de Justicia vitoriano.
La mayoría de los citados son mujeres. Todos ellos participaron en alguna de las ediciones celebradas entre 2022 y 2025, el período que abarcan las denuncias presentadas por las familias afectadas, que en total suman más de veinte.
Las acusaciones personadas ya han trazado un posible abanico de cargos penales. El más probable, según los juristas consultados, sería el de exhibicionismo obsceno ante menores de edad, castigado con entre seis meses y un año de prisión o multa económica. También figuran en el horizonte judicial hasta tres posibles agresiones sexuales a menores tutelados.
Los relatos recogidos por la Ertzaintza, pendientes aún de ratificación ante el juez, describen un ambiente perturbador: niñas obligadas a desnudarse y compartir duchas con chicos, acoso sexual entre menores, vejaciones y conductas inapropiadas de algunas monitoras que andaban semidesnudas y supuestamente alentaban comportamientos sexualizados entre los menores.
La asociación organizadora, Sarrea, siempre ha negado cualquier delito. De hecho, mantiene dos campus similares en Navarra y ha anunciado una fiesta popular en la localidad alavesa para este próximo sábado. El udaleku de Bernedo, sin embargo, no se ha celebrado este verano.
Además de los monitores investigados, hasta ocho posibles víctimas también pasarán por el Palacio de Justicia. Lo harán de forma escalonada entre mediados de septiembre y la primera quincena de noviembre. Al ser menores de edad, sus declaraciones deben realizarse bajo supervisión de un equipo psicosocial especializado, cuya falta de disponibilidad ha retrasado varios meses este paso considerado clave para el avance de la causa.
Varias familias han denunciado que sus hijos arrastran secuelas emocionales y psicológicas tras pasar por el campamento. También aseguran que alertaron a los organizadores sin obtener respuesta y que, posteriormente, sufrieron una campaña de acoso y desprestigio por parte del entorno de estos campamentos.
El caso salió a la luz pública hace un año, cuando la cobertura mediática disparó el número de denuncias en todo el País Vasco. La magistrada Marta Escudero dirige ahora una instrucción que apunta a un otoño decisivo.
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