Los trabajadores que se hayan visto obligados a abandonar sus hogares o interrumpir su actividad laboral por culpa de los incendios forestales que arrasan España podrán acceder a una nueva prestación extraordinaria aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
La medida, que entra en vigor con carácter retroactivo desde el pasado 23 de julio, permite a los afectados suspender temporalmente su contrato de trabajo y cobrar el 70% de su base reguladora durante un período máximo de cuatro meses.
La cuantía es la misma que se aplica en una prestación por desempleo convencional o en los expedientes de regulación temporal de empleo, como ocurrió durante la dana. Un día antes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había anunciado que la ayuda cubriría el 100% del salario, aunque finalmente el decreto aprobado ha establecido ese porcentaje del 70%.
Entre quienes podrán beneficiarse de esta prestación figuran los trabajadores que no puedan acceder a su domicilio habitual debido a órdenes de evacuación o restricciones de acceso y que, por ello, no puedan recuperar los bienes necesarios para ir a trabajar. También quienes tengan que dedicarse a limpiar y acondicionar su hogar, realizar trámites presenciales obligatorios derivados de la emergencia, o atender a familiares de hasta segundo grado que necesiten cuidados a causa del incendio.
Una de las claves de esta prestación es que no exige un período mínimo de cotización previo y, además, no consume el tiempo acumulado para futuras prestaciones por desempleo. Esto supone una garantía importante para muchos trabajadores que de otro modo podrían quedarse desprotegidos en el futuro.
El decreto también amplía a cinco días hábiles tras el sepelio el permiso por fallecimiento de un familiar, tres días más de lo habitual cuando no hay desplazamiento de por medio.
Los empleados públicos no quedan fuera de estas medidas. Podrán justificar sus ausencias por fuerza mayor y tendrán derecho a adaptar o incluso reducir su jornada hasta el cien por cien si lo necesitan por razones de cuidado, con opciones como cambio de turno, horario flexible, jornada continuada o trabajo a distancia.
El Gobierno ha añadido además una cláusula de protección: cualquier represalia empresarial contra trabajadores que ejerzan estos derechos será declarada nula. Las medidas serán aplicables no solo a los incendios actuales, sino a cualquier otro que se declare durante toda la campaña de alto riesgo de 2026.