Agustina López Sáez tiene 65 años, padece EPOC y glaucoma, trabaja como auxiliar de ayuda a domicilio y lleva cuatro décadas viviendo en el bloque B de la barriada cacereña de Aldea Moret. Hoy solo pide una cosa: que le asignen un piso en otro barrio. Pero la respuesta que recibe, dice, siempre es la misma: no hay posibilidad.
La historia de esta vecina resume de manera dolorosa el estado de deterioro que arrastra uno de los bloques de vivienda social más conflictivos de Cáceres. Hace tres años, una fuga masiva de agua en el piso de arriba, un inmueble municipal ocupado de forma ilegal según denuncia ella misma, comenzó a filtrarse hasta su hogar. El techo del salón cedió sobre los muebles, el agua llegó a la instalación eléctrica y provocó cortocircuitos, arrasó la cocina y se extendió por pasillos y dormitorios. Con el tiempo, los hongos se adueñaron de la techumbre.
Agustina ha llevado el asunto a los plenos municipales, al Instituto Municipal de Asuntos Sociales y ha presentado informes periciales. La respuesta que recibe del Ayuntamiento la desespera: que denuncie al vecino de arriba. Ella replica que la propiedad es municipal y que la administración no puede lavarse las manos.
La situación llegó a su punto más crítico a finales de agosto. Durante un nuevo incidente con los vecinos del piso superior relacionado con vertidos de agua, Agustina afirma haber recibido golpes en la cabeza, sufrido contusiones y la rotura de sus gafas, teniendo que ser atendida de urgencia en un hospital. Ha puesto los hechos en manos de la Policía Nacional y espera que le asignen un abogado de oficio.
El bloque B, según describe, presenta condiciones similares o incluso peores a las del bloque C, derribado a finales de 2023 y cuyo solar permanece vacío sin ningún proyecto previsto. Pisos tapiados que vuelven a abrirse, enganches ilegales a redes de suministro y animales en zonas comunes sin control sanitario son parte del día a día.
El Ayuntamiento de Cáceres asegura que el caso de Agustina es conocido por los Servicios Sociales desde hace cuatro décadas y que entre 2021 y 2026 se han tramitado hasta treinta expedientes relacionados con ella, incluyendo ayudas de emergencia, suministros básicos y gestiones de vivienda. La consideran un caso «atendido y seguido».
Para Agustina, sin embargo, cuarenta años de expedientes no compensan cuarenta años esperando una solución real.
